El 26 de mayo de 2003 un avión, en unas condiciones técnicas más que dudosas, se estrella contra una montaña en Turquía. A bordo viajaban 75 personas, entre ellas 62 militares españoles que regresaban de cumplir su misión en Afganistán. El periodista Miguel González publicó en EL PAÍS la exclusiva sobre la identificación falsa de 30 cadáveres, una información crucial que cambiaría el desarrollo del caso
La víspera del accidente, domingo 25, se habían celebrado en España elecciones municipales y autonómicas. El Gobierno del PP, que previamente había soportado grandes movilizaciones contra la guerra de Irak, se temía un duro castigo en las urnas. Pero los resultados fueron mejores de lo esperado. “Esa noche estaban en plena euforia, de celebración”, recuerda el periodista. “Y cuando se conoce el accidente, ya de madrugada, la primera reacción del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, es intentar pasar página cuanto antes”.
Nunca se aclaró por qué la OTAN,
a través de la cual se fletó el avión,
no había suscrito el seguro
obligatorio para los pasajeros
Así que, sin más dilación, 48 horas después del siniestro, se celebra un funeral de Estado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) al que acuden los Reyes y se retransmite en directo por TVE. “Nos sorprendieron las prisas, pero hasta que no supimos cómo se habían identificado los cadáveres no nos dimos cuenta de la magnitud de la chapuza”. En el mismo funeral ya se producen las primeras tensiones entre el Gobierno y las familias. “Éstas habían recibido antes del accidente correos de sus parientes en los que se quejaban de las malas condiciones de los aviones, y a los que confesaban tener más miedo al viaje que a los talibanes”.
El punto de partida del trabajo de Miguel González, en colaboración con su colega Ramón J. Campo del Heraldo de Aragón (gran parte de las familias procedía de Zaragoza), es buscar las quejas que los militares habían elevado a sus superiores sin que les hicieran caso y cuya existencia negaba Trillo. Mientras, el ministro intenta salvar la cara enviando toneladas de documentación al Congreso, la mayoría sin interés y gran parte de ella en ruso o ucraniano.
“CON SÓLO VER LAS RUEDAS Y LA CABINA TE DA TAQUICARDIA”
Voy cribando todos esos papeles y empiezan a salir irregularidades: por ejemplo, que la caja negra del avión no funcionaba desde 45 días antes del siniestro, lo que impide conocer las conversaciones que mantuvieron el piloto y el copiloto, o que el indicador del combustible estaba averiado”. Ninguna de esas averías provocó el accidente, pero eran lo bastante graves como para impedir volar.
“HEMOS GANADO UNA BATALLA EN UNA GUERRA MUY LARGA; FALTAN LOS POLÍTICOS”
Y entre esa montaña de información aparece, como si nada, que el vuelo tuvo un retraso inesperado de seis horas en la base de Manás (Kirguizistán). “Esa demora imprevista hace que cuando el avión se estrella la tripulación llevara más de 23 horas de trabajo ininterrumpido. La extrema fatiga fue, según la comisión de investigación turca, una de las causas del siniestro”, explica González, corresponsal diplomático y responsable de la información de Defensa.
Otro hecho, en un escenario y terreno diferentes, el económico, espera su turno. Nunca se aclaró por qué la OT
AN, a través de la cual se fletó el avión, no había suscrito el seguro obligatorio para los pasajeros, “por lo que fue Hacienda, es decir, todos los españoles quienes tuvimos que indemnizar a los herederos”. Como también sigue en el limbo quién se embolsó la diferencia entre los 170.000 dólares [unos 150.000 euros*] que pagó Defensa por el vuelo y los 45.000 que cobró la compañía ucraniana que lo fletó.
“Se la quedó una interminable cadena de intermediarios a la que Trillo denominó ‘cadena de confianza”. Todo este cúmulo de negligencias se va conociendo a lo largo de los meses siguientes al accidente. Pero todavía no hay nada más allá que sospechas y dudas por confirmar. Trillo, con un punto de orgullo, proclama en el Congreso: “Hemos trabajado en el esclarecimiento de la verdad, y tengo la satisfacción del deber cumplido”.
14 CADÁVERES CARECÍAN DE CUALQUIER ELEMENTO PARA SU IDENTIFICACIÓN
Pero el capítulo más oscuro empieza a escribirse en octubre de 2003, cuando las familias de los militares muertos, que se han constituido en asociación, viajan en aquel mes de otoño al lugar de la tragedia y encuentran en el suelo las chapas que llevaban al cuello sus maridos, hijos o padres. “Entonces, si no las identificaron por las chapas como Defensa les había asegurado, ¿cómo lo hicieron?”. A través del procedimiento judicial abierto en Turquía, la asociación accede al acta que a las 2,20 horas del 28 de mayo, pocas horas antes del funeral, firman el general médico Vicente Navarro y el teniente general José Antonio Beltrán, en la que admiten que repatrían 30 cadáveres sin identificar.
“Hemos trabajado en el esclarecimiento
de la verdad, y tengo la satisfacción
del deber cumplido”, proclamó Trillo
en el Congreso de los Diputados
El acta, redactada en turco, llega a manos de los periodistas González y Campo. “El periódico contrata a dos traductores y en un despacho estoy con ellos dos días desentrañando su contenido. A ellos, a medida que traducían, se les iban poniendo los pelos de punta”, recuerda González. Pero, el compromiso es no publicar nada hasta que todas las familias, que viven en distintos puntos de España, fueran informadas personalmente por la asociación.
Después del Yak-42, los militares
no volvieron a viajar en estos
denominados ‘aviones basura’
“Fueron los peores días de mi vida”, confiesa el redactor, “apenas podía dormir sabiendo que muchas familias habían sido engañadas y habían enterrado a otra persona creyendo que era un ser querido”. EL PAÍS publica el 2 de marzo de 2004 la exclusiva de que 30 cadáveres están mal identificados. Trillo, que está volcado en la campaña de las elecciones que se celebrarían 12 días después, lee la noticia en las primeras ediciones e inmediatamente difunde un desmentido oficial. “Algún periódico nos critica por publicar una información que ha sido desmentida. Pero el acta es muy contundente”. Y el tiempo acabaría por demostrarlo. “Bono, inicialmente remiso a remover el escándalo, cambia de opinión tras viajar con las familias a Turquía: la única manera de zanjar el asunto es desenterrar los cadáveres y cotejar el ADN”. Y en 2005, los forenses confirman que 30 cadáveres no corresponden con sus identidades.
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Cuatro años después llega la sentencia. “La Audiencia Nacional condena a tres años de prisión al general Navarro y a 18 meses a los dos comandantes que le ayudaron a repartir a voleo las identidades”. Navarro falleció antes de ingresar en prisión y los dos comandantes fueron indultados a los cuatro meses de llegar el PP al poder. Trillo, ni siquiera fue llamado a declarar. ¿Consecuencias? “Estoy convencido de que este asunto influyó en la derrota del PP en las elecciones en 2004”, apunta el periodista. “Con el Yak-42 se demostró que el Gobierno mentía y cuando volvió a hacerlo con los atentados del 11-M, la sociedad entendió de inmediato que le engañaba por segunda vez. Casi nunca se caza al mentiroso en su primer engaño. Además, la mentira del Yak-42 fue especialmente dolorosa porque si hay una institución que venera a sus caídos es precisamente el Ejército”.
Por otra parte, después del Yak-42, “los militares no volvieron a viajar en estos denominados ‘aviones basura’ (la compañía ucrania UM Air fue incluida en la lista negra de Aviación Civil meses después del siniestro). Tampoco se ha atrevido nadie a liquidar la identificación de las víctimas de un accidente aéreo en solo 48 horas. Y si alguien pensaba que, por el hecho de que se hubiera terminado la mili obligatoria la sociedad iba a desentenderse de sus militares, se equivocó”.
A Miguel González le queda, sin embargo, un “sabor agridulce”, porque no se pudo llegar al fondo del asunto. “¿Quién se enriqueció con el Yak-42? ¿Cuántas comisiones se pagaron con los 44 vuelos similares que se realizaron desde febrero de 2002 y mayo de 2003 y que, como no se estrellaron, nadie investigó?”
