La factura de la luz se ha disparado pese a los cambios del sistema de cálculo.
Hasta 1997 el Gobierno establecía por decreto el precio de la electricidad. Endesa, participada por el Estado, y varias compañías privadas tenían encomendado el suministro pero era el Ministerio de Industria y Energía quien se encargaba de calcular los costes de generar, transportar y distribuir la electricidad, retribuírselos a las eléctricas y trasladarlos al consumidor a través del recibo.
La liberalización y la privatización completa de Endesa acabaron con ese sistema intervenido. Pero los consumidores apenas notaron el cambio. Salvo las grandes industrias pocos pudieron elegir compañía. En lo que sí se reflejó el nuevo modelo fue en el recibo, que se encareció notablemente hasta casi duplicarse.
El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refleja que la factura de la luz se ha encarecido un 83,2% entre 2003 y 2015, al pasar de 0,131 a 0,241 euros por kilovatio hora (kWh) para el consumidor medio doméstico. En esta categoría figuran los usuarios con una potencia contratada de 3,98 KW, un consumo mensual de 210 kWh, y que estén comprando su electricidad mediante el sistema regulado, es decir a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) hasta marzo de 2014 y del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que lo sustituyó desde entonces.
El Boletín Oficial del Estado fue sustituido por un sistema de subastas trimestrales (denominadas Cesur), en las que participaban las eléctricas y los brokers financieros, donde se determinaba la variación de la mitad del recibo que pagan los 18 millones de consumidores acogidos a la TUR, la más común para consumos domésticos. Lejos de avivar la competencia y bajar los precios, las subastas (25 de 2009 a 2013) arrojaban en su mayoría subidas de la parte no regulada del recibo.
Las sospechas de que no se trataba de un mecanismo transparente explotaron a finales de 2013, cuando el Gobierno, a propuesta de la CNMC, resolvió anular la subasta que amenazaba con subir el recibo un 11% en enero ante los indicios de “manipulación de precios”. En una decisión inédita desde que se liberalizó el mercado, Industria intervino los precios y propuso un nuevo sistema, que entró en vigor en julio de 2015.
El recibo ha subido un 83%
entre 2003 y 2015,
al ritmo de los peajes e impuestos
Con este método, la factura se calcula en función del consumo que se realice cada hora y del precio que marque en ese momento el mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, gracias a los contadores digitales y telegestionados, que miden en tiempo real el consumo. Si el contador es analógico, el recibo se emite al cabo de dos meses con un precio adaptado a unos perfiles de consumo.
Con todo, la factura de la luz sigue siendo un galimatías. Un reciente sondeo de la CNMC evidenció el elevado desconocimiento de los conceptos incluidos en el recibo por parte de las familias españolas: alrededor del 74% de los hogares no sabe cómo se calcula, y más de un 75% desconoce las diferencias entre peajes de acceso y el coste de la energía eléctrica.
Y es que aunque se supone que es un mercado liberalizado como el de las telecomunicaciones, a diferencia de las tarifas telefónicas, en el recibo de la luz hay una parte que fija el Gobierno y otra que depende de los precios de la energía. La parte regulada costea los llamados peajes eléctricos: transporte, distribución, primas a las renovables, moratoria nuclear y la financiación de la deuda eléctrica, y tiene un peso del 43,2% en el recibo. La parte liberalizada, que pesa un 35,5%, depende de los costes de la energía, es decir, de la materia prima. El resto del recibo son impuestos (21,37%), según los datos de la CNMC de 2015.
Esta distribución hace que pese a la nueva facturación eléctrica, presentada como la solución para abaratar el recibo, el ahorro que puede conseguir el usuario modificando sus hábitos y consumiendo en las horas del día con la energía más barata no es muy relevante. Apenas una tercera parte del importe final de la factura depende del consumo.
Todos estos factores hacen que el coste de la luz en España sea uno de los más caros de la Unión Europea (UE). El precio asumido por los hogares aumentó un 52% durante la crisis económica, un incremento que duplica al de la media de la UE en ese mismo periodo, y que ha situado a España como el cuarto país europeo con el recibo de la electricidad más caro, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, según el informe Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española, elaborado por el experto David Robinson, que trabaja para The Oxford Institute for Energy Studies.
Entre 2008 y 2014, el coste de la electricidad subió 81 euros por megavatio hora en España, el doble que los 42 euros de media del resto de la UE, con lo que ha pasado de ocupar el puesto 12 en 2008 a ser el cuarto país con el recibo de la luz más elevado.
Déficit de tarifa. El problema se agrava con el llamado déficit de tarifa. Es la diferencia entre lo que les cuesta a las eléctricas (o lo que dicen que les cuesta) producir la electricidad y lo que cobran a los usuarios. Nació en 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar decidió congelar la tarifa eléctrica sin tener en cuenta los costes, y reconocer esa deuda a las compañías para su pago futuro. En principio, el déficit era algo temporal, hasta un máximo de diez años. Pero la crisis y el electoralismo hicieron que los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy siguieran con el método. En ese tiempo, el déficit se disparó hasta marcar un máximo en 2013 de 30.000 millones de euros. Entonces el Ministerio de Industria tomó cartas en el asunto y decidió cortarlo de raíz.
El Gobierno aprobó un recorte unilateral a las generosas primas que recibían las renovables y a las compensaciones que reciben las eléctricas por sus redes, y aplicó nuevos impuestos al sector. La recuperación del consumo, que había caído en los años de crisis, ha hecho el resto. En 2015 el déficit de tarifa se recortó por primera vez en 15 años, en 1.890 millones, un 7% respecto a 2014. Pero los consumidores aún deben 25.506 millones de euros a las eléctricas.
Una nueva forma de pobreza
Con la reciente crisis se ha acuñado un término para definir las dificultades de los hogares con ingresos que no les permiten disfrutar de los servicios de energía imprescindibles para una vida digna. Se llama pobreza energética y el 11% de los hogares españoles, donde viven 5,1 millones de ciudadanos, la sufren. No pueden calentar su vivienda en invierno hasta la temperatura adecuada, según el III Estudio Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis, de la Asociación de Ciencias Ambientales.
La pobreza energética ha aumentado el 22% en los dos últimos años. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro comunidades autónomas que más la sufren. Esta cifra sitúa a España por encima de la media europea. Además, hasta el 21% de los hogares nacionales experimentan condiciones asociadas a la pobreza energética y un 6%, que representa a 2,6 millones de ciudadanos, destinan más del 15% de sus ingresos familiares a pagar las facturas energéticas. El 7% de los hogares en situación de pobreza energética ingresan menos que la renta mínima de inserción (417 euros al mes en 2014), lo que significa que casi cinco millones de españoles apenas tienen con qué vivir, tras pagar sus gastos.