Durante varios decenios, el régimen franquista usó un anticomunismo sistemático como señal fuerte de su identidad doctrinal. Y aunque el Partido Comunista de España (PCE) entró en el posfranquismo con la imagen de haberse convertido en uno de los más moderados y antisoviéticos de Occidente, su exclusión de la vida pública española se convirtió en uno de los caballos de batalla durante los forcejeos políticos de los primeros tiempos de la Transición.
El punto de inflexión fue la matanza de personas de significación comunista en un despacho de abogados de la calle Atocha, de Madrid, asesinados por pistoleros ultraderechistas a finales de enero de 1977. El Gobierno permitió que el PCE organizara el entierro y tanto la disciplina como la muchedumbre congregada convencieron al presidente, Adolfo Suárez, de que las primeras elecciones libres no podían convocarse con el PCE prohibido.
EL DÍA QUE EL PCE EMPEZÓ A SER LEGAL
La legalización se comunicó el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, pocos días después de que el Gobierno ordenara disolver la Secretaría General del Movimiento –el único partido permitido durante la dictadura- y retirar de su fachada el gigantesco yugo y las flechas que la ocupaba. Dos claros gestos de ruptura con el pasado que provocaron la cólera de altos mandos de las Fuerzas Armadas. El almirante Pita da Veiga dimitió como ministro de Marina y lo mismo estuvo a punto de hacer el del Ejército, teniente general Álvarez Arenas.
Una veintena de capitanes generales y de otros altos mandos militares mantuvieron una larga reunión de la que salió una nota que daba cuenta de la “repulsa general” que la legalización del PCE había producido “en todas las unidades”, aunque la admitía “disciplinadamente”. Hubo dimes y diretes sobre el propio contenido de la nota porque se difundió otra más dura atribuida a las mismas personas. La crisis no tuvo más consecuencias inmediatas, si bien se convirtió en el punto de ruptura entre parte del estamento militar, en gran parte procedente del franquismo, y el presidente del Gobierno.
El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, respondió con una aceptación expresa de la bandera roja y gualda de la Monarquía, poniendo fin así, en medio de polémicas externas e internas, al uso habitual de la tricolor republicana en los actos de su partido. Fue la parte más simbólica de un viraje político con el que Carrillo intentaba posicionarse ante la inminente democratización.
El PCE perdió la batalla
contra el PSOE al lograr
solo el 9,4% de los votos
en las elecciones de 1977
La legalización del PCE fue una buena muestra del arrojo de Adolfo Suárez, pero también un cálculo político . Haber ido a las primeras elecciones libres con el PCE prohibido hubiera impedido conocer la verdadera dimensión de este partido en una vida pública normalizada. Logró el 9,4% de los votos en las elecciones de junio de 1977 y perdió así la batalla contra el PSOE (29,3%), que se alzó como la gran fuerza de izquierda. Los comunistas se vieron reducidos a un papel que nunca les permitió influir decisivamente en la política democrática. La paradoja es que la legalización, su actuación moderada y su colaboración en el proyecto constitucional derivaron en la irrelevancia electoral en los años 80 y en su dilución final en Izquierda Unida.
