Durante la primera mitad del siglo XXI el desafío más determinante para las políticas energéticas será la gestión eficiente de la adecuación del sistema energético a las exigencias de una política de descarbonización acorde con los requerimientos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Estos requerimientos vienen fijados por los compromisos asumidos por 195 países en el Acuerdo de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 21) de diciembre 2015 en París, cuyo objetivo es conseguir un crecimiento de la temperatura global significativamente inferior a 2 ºC y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura en 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales.
La Unión Europea (UE) –y dentro de ella España– ha asumido unos compromisos más exigentes que el resto de los firmantes (en línea con los objetivos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero aprobados por las instituciones de la Unión para 2020 y 2030). La UE se guía, además, por una “hoja de ruta” que establece una meta de reducción de emisiones de entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990 para 2050.
El cumplimiento de estos objetivos requiere un esfuerzo notable de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema energético. Lo que exigirá, como principales logros, que la Unión Europea (y dentro de ella, lógicamente España) haya acometido para la mitad del siglo una radical descarbonización del sector eléctrico, una profunda transformación energética del sector de transporte terrestre (avance decisivo de su electrificación y mejora de la eficiencia y sustitución de combustibles en los motores térmicos) y un notable incremento de los estándares de eficiencia energética de los edificios dentro de un avance general de la eficiencia energética en todas las actividades económicas.
Una tan intensa política de descarbonización del sistema energético va a traducirse en profundos cambios del mix de combustibles y de tecnologías, así como de las estrategias empresariales y de los marcos regulatorios requeridos.
Las petroleras valoran el riesgo
de incurrir en inversiones no recuperables
por la descarbonización
Obviamente, la repercusión fundamental de la rigurosa política de descarbonización que deberá continuar imponiéndose en Europa recaerá sobre la demanda de combustibles fósiles (carbón, productos petrolíferos, gas natural), aunque el perfil temporal del impacto sobre cada uno de ellos diferirá. Los niveles de emisión de gases de efecto invernadero son diferentes en cada tipo de combustible y, además, son afectados de forma diversa por la evolución de sus mercados, los condicionamientos geopolíticos, la evolución tecnológica y la regulación.
Es claro, por ejemplo, que si finalmente se confirma la posibilidad de desarrollo comercial de la tecnología de captura y confinamiento de CO2, las perspectivas de utilización del gas natural y del carbón para la generación eléctrica cambiarían radicalmente. En el caso de la electrificación del transporte por carretera, vector fundamental de la política de descarbonización, el ritmo de introducción del vehículo eléctrico vendrá determinado por la calidad del diseño regulatorio adoptado pero también por factores tecnológicos como la rapidez en el desarrollo de baterías de tamaño, coste y capacidad adecuados para ofrecer precios y prestaciones competitivos con los vehículos convencionales (y los híbridos). Si la electrificación del transporte terrestre es profunda y extendida globalmente, el impacto sobre la demanda futura de petróleo sería significativo.
De hecho, la hipótesis de una situación de sobreabundancia de petróleo a largo plazo como consecuencia de la política de descarbonización y, por tanto, el riesgo de incurrir en inversiones “varadas” (no recuperables) si se mantiene la tendencia del desarrollo de recursos de crudo, comienza a valorarse seriamente por empresas petroleras y países productores. La Agencia Internacional de la Energía minimiza esos riesgos, al menos para las décadas próximas. Estima que la demanda de petróleo alcanzará (en el escenario compatible con un crecimiento de la temperatura global inferior a 2 ºC) los 74,1 millones de barriles diarios en 2040 y que, con ese horizonte, la parte más importante de las nuevas inversiones irá a sustituir pozos que hayan completado su declive.
La descarbonización del sector eléctrico
se verá acompañada de profundos
cambios tecnológicos, corporativos y regulatorios
La descarbonización del sector eléctrico, potencialmente total a largo plazo, se verá acompañada de profundos cambios tecnológicos, corporativos y regulatorios. El desarrollo de redes y equipos de consumo inteligentes, y los avances en la curva de aprendizaje de la generación eléctrica con energías renovables y de las tecnologías de almacenamiento, permiten anticipar, aunque sea un futurible, un sector eléctrico con generación enteramente renovable de coste variable cercano a cero, con potencia de respaldo suministrada por instalaciones de almacenamiento y con una demanda plenamente activa. Su estructura de costes (esencialmente fijos) tenderá a asemejarse a la de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y el protagonismo de los mercados mayoristas de energía como proveedores de señales de precio para el inversor en generación será sustituido por el de los mercados de capacidad, donde además podrá contarse con una verdadera curva de demanda (y una amplia variedad de tipos de oferta).
También será necesaria una nueva arquitectura de redes y operación del sistema para acomodar la previsible expansión de la generación distribuida y el autoconsumo. Se perfila, por tanto, un nuevo modelo de sector que exigirá, lógicamente, un nuevo paradigma regulatorio.