La crisis del petróleo llevó al Gobierno a implementar los primeros planes para reducir la dependencia de esta materia prima, que no tuvieron éxito. El país daba la espalda a Europa
Imagínese que cuatro interminables filas de vehículos parados recorren kilómetros y kilómetros de carretera. Son Seat 600, Seat 127, Simca 1000, Ford Fiesta y camiones pesados de la España de 1976 que se han quedado sin una gota de gasolina todos a la vez. Con este anuncio de televisión, titulado Ahorre con energía, el Gobierno de la transición trataba de convencer a los ciudadanos de que usaran el transporte público. La idea de la eficiencia energética viene de largo. Y las manifestaciones contra la energía nuclear, con la que la Administración intentaba evitar la elevada dependencia nacional del petróleo, también.
La primera crisis del petróleo, iniciada en 1973, había hecho acto de presencia. Y la de 1979 estaba a las puertas. Entre una y otra el precio del crudo pasó de 1,62 dólares por barril a 18. Fue el fin de una era, como describe el libro El sector eléctrico español a través de Unesa. El fin de la energía barata. Pero los españoles eran ajenos a esta realidad porque los precios estaban subvencionados y no respondían a los costes de generación y se venía de la España del desarrollo.
Mientras, los responsables de la política energética (dictada por las poderosas empresas eléctricas) pensaban que incentivando el consumo de energía se aumentaba la actividad económica. ¿Un contrasentido? “Unesa, la asociación que agrupa a las compañías eléctricas, era quien en realidad regulaba el mercado. Porque Franco pagó la ayuda económica que le habían prestado durante la Guerra Civil José María de Oriol, presidente de Hidroeléctrica Española [hoy Iberdrola], y otros empresarios del sector, otorgándoles el poder del mundo eléctrico, que se repartían por regiones”, explica Santiago López, profesor de la Universidad de Salamanca. “Y ahí se fraguo la burbuja, con las grandes inversiones en centrales nucleares es donde empieza a generarse el déficit de tarifa”, asegura.
ANTINUCLEAR. Aunque de la veintena de proyectos de energía atómica que el partido en el Gobierno (UCD) tenía sobre la mesa, “que iban a convertir a España en el mejor cliente de Estados Unidos en el mundo”, continúa López, apenas si fueron la mitad los que se hicieron realidad. Debido a la protesta popular, un accidente en EE UU y a los atentados de ETA, recuerda Juan José Gómez, miembro de la Cátedra Cepsa de la Universidad de Cádiz y profesional de la petrolera.
“Dos acontecimientos influyeron directamente sobre el sector energético español en 1976: la crisis mundial originada por la escalada del precio del petróleo y el comienzo de la transición política en España”, añade. Un año antes se había aprobado el primer Plan Energético Nacional, que planteaba la necesidad de diversificar las fuentes de energía para mitigar la dependencia del petróleo. “Se intentó con el carbón nacional y con las hidroeléctricas, pero el aumento de la producción de hulla y antracita no fue el que se pretendía y la apuesta hidráulica chocó con un año de sequía”, prosigue Gómez. “Pese al anuncio Ahorre con Energía, el consumo subió más del 6% y, lejos de disminuir la participación del petróleo en él, alcanzó valores del 72%, el máximo histórico”.
Con todo, España se fue retrasando de Europa y no tomó el tren de la reindustrialización que allí se iniciaba, cerrando todas las instalaciones energéticas no rentables y reduciendo el consumo energético con procesos más eficientes. La segunda crisis del petróleo impulsa el segundo Plan Energético Nacional de 1979 y, como el anterior, concebido para 10 años. Según Unesa, solo a partir de entonces “empezó a ponerse en marcha una verdadera política de diversificación y de sustitución del uso del petróleo”.
Pese a todos los decretos
aprobados para reducir
el consumo, el alza fue
del 6% en 1976
SEGUNDO PLAN. Así, en 1980 la producción de carbón se había duplicado, igual que la de energía nuclear. En 1986 ambas fuentes se habían convertido en las primeras para la producción de electricidad en España, con un 75% del total, frente al 26% conjunto de 1973. Era una época en la que, a diferencia de las eléctricas, las petroleras eran públicas. Campsa tenía el monopolio (hasta 1993) y era el principal agente de un mercado en el que las empresas de menor tamaño debían buscar su espacio, como hizo Gas Natural, indica el profesor de la Universidad de Salamanca e investigador del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología, Santiago López.
En 1976 acababa de concedérsele a Enagás la construcción de la red de gasoductos española. Era la España del butano y, en todo caso, del gas ciudad, recuerda Joan Saurina, directivo de Gas Natural Fenosa ya jubilado. Y de los precios regulados. “La competencia se reducía a intentar convencer a los promotores de viviendas de que instalasen el gas en sus edificios, ya que solo la electricidad era obligatoria”, prosigue.
El gas natural empezaría a distribuirse después en la industria para entrar posteriormente en las casas con el desarrollo residencial de los ochenta. “Hasta las décadas de 1980 y 1990 en que se introduce el gas en toda España, las fábricas eran de ámbito local. Y no se crea el primer gasoducto España-Argelia hasta 1996, lo que representa recuperar parte del retraso histórico que el país tenía en el campo energético”, asegura Saurina.
Así que ni las dos subidas consecutivas de los precios de la electricidad que se dieron en el año 1976 ni los decretos para limitar las horas de prendido del alumbrado público y de los monumentos ni la reducción de la velocidad en carretera ni la declaración como bienes públicos, y expropiables como así fue, de los yacimientos de hidrocarburos consiguieron que las importaciones de petróleo disminuyeran. De hecho, pasaron de 70.000 a 270.000 millones de las antiguas pesetas. Mientras, la energía solar y la eólica, que ya se presentaban entonces como la solución para la diversificación energética en España, eran pura entelequia. El despilfarro continuaba mientras el resto de Europa cabalgaba de lomos de la eficiencia.
El cambio en cifras
La España de hoy no se parece en nada a la de la época del monopolio. “Ahora estamos en un sistema de libre mercado. Un sistema mejor”, afirma Eduardo Montes, presidente de Unesa, que le pone números a la transformación: entre 1976 y 2015 se ha multiplicado por cuatro la potencia eléctrica instalada, el consumo lo ha hecho por tres y las líneas de transporte se han duplicado, de 32.000 a 66.000 kilómetros. El precio ha pasado de 14,5 euros megavatio/hora a 46 euros.
Aunque los problemas de fondo fueran similares a los actuales (dependencia, aislamiento, déficit…), “el sector no tenía nada que ver”, recuerda Montes. De hecho, las 24 empresas que conformaban antiguamente Unesa, hoy son solo cinco. “Se han creado grandes campeones mundiales”, presume.