El 20 de mayo de 1989, la justicia dirimió la causa abierta a 38 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo por el aceite de colza con fines industriales utilizado de forma fraudulenta. Ocho años después de que falleciera el primer intoxicado —un niño de ocho años en Torrejón de Ardoz (Madrid)—, sólo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 años de prisión, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, en las que se llegó a pedir para algunos de los acusados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel.
Las cifras del síndrome tóxico, como se le denominó en un primer momento, dejaron alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos. EL PAÍS cubrió un tema que se consideró de “emergencia pública” y de “epidemia”, sobre todo en los primeros meses en los que la virulencia del envenenamiento se intensificó.
El 27 de abril de 1981, Jaime Vaquero, ingresado en el hospital Del Rey de Torrejón de Ardoz, murió en un traslado a otro hospital. En un principio, la afección que causó el fallecimiento se denominó la “enfermedad del legionario”. Sin embargo, se propagó por la Comunidad de Madrid rápidamente poniendo en jaque a las autoridades sanitarias. En apenas dos semanas, seis personas fallecieron mientras la epidemia se extendía a cuatro provincias más. La enfermedad se calificó de “neumonía atípica” y laboratorios de distintos continentes recibieron muestras para su análisis.
Un mes y medio después del primer fallecimiento y gracias al trabajo de campo del doctor Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital Niño Jesús (Madrid), se determinó cual era la causa que había provocado la intoxicación generalizada: aceite de colza adulterado vendido a granel. A partir de ese momento, palabras como “anilina“, “desnaturalizado” o “refinado” se harían habituales entre la sociedad, conmocionada tanto por el transcurso de los acontecimientos como por la inacción de los representantes públicos.
En julio, cuando se contabilizaban 62 muertes, Unión de Centro Democrático (UCD) calificó el envenenamiento masivo como “un desgraciado incidente”. Mientras tanto, el número de afectados no paraba de aumentar. Durante el mes anterior se calculó que la epidemia se podía extender a más de 10.000 casos en base al número de hospitalizados, superior a los 3.000.
El síndrome tóxico permitió que se destapara la red de empresas implicadas en el proceso de la alteración del aceite desnaturalizado. A finales de julio, siete empresas y una decena de marcas se encontraban en el punto de mira de las autoridades sanitarias.
El fraude provenía de la mezcla que algunas empresas llevaron a cabo a la hora de procesar el aceite. Estos mezclaban varios componentes, obteniendo como resultado un producto adulterado para uso industrial. Acto seguido, se vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control. Una de las empresas más activas fue RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
La extensión del problema sanitario cruzó las fronteras españolas y llegó a países como Dinamarca o Francia. Varias empresas galas reconocieron su ignorancia y trataron de eximir su responsabilidad alegando que empleaban la anilina como desnaturalizante “porque así se lo pedían los españoles”. La policía española intensificó las investigaciones en torno al transporte por carretera de las partidas de aceite importadas desde el país galo.
A mediados de septiembre, la epidemia ya se había cobrado 133 vidas y los ingresos hospitalarios ascendían a más de un millar. Los meses posteriores contabilizaron menos casos confirmados y, en noviembre, el Ministerio de Sanidad informó de que el síndrome tóxico había entrado en una fase claramente regresiva. Habían pasado cinco meses desde el primer fallecimiento. Por otra parte, casi una veintena de marcas de aceite fueron apartadas del mercado.
La vuelta paulatina a la normalidad estuvo marcada por las informaciones que surgían a raíz de los negocios fraudulentos de los empresarios, relacionados con la trama del envenenamiento masivo. EL PAÍS, tras una exhaustiva investigación, logró reconstruir el relato de los hechos a través del careo de los implicados en el tráfico de colza. Entre otros, la historia de dos mayoristas de productos químicos y un aceitero catalán que se asociaron para sacar pingües beneficios del procesado del aceite a finales de 1980.
Entre decomisos por parte de las autoridades y canjes de aceites adulterados por otros en buen estado se llegó al primer aniversario del envenenamiento masivo. En Madrid, ya sólo quedaban una treintena de personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos de los distintos hospitales de la capital. La preocupación, en ese momento, estribaba en el número de inválidos que dejaría la enfermedad en el futuro. Los daños colaterales también se dejaban ver: un 5% de los familiares de los afectados por el síndrome tóxico tenían síntomas de la enfermedad.
Pese a los esfuerzos por controlar la epidemia, a principios de julio de 1982, ya habían muerto 322 personas a causa de la enfermedad. Las asociaciones de afectados, activos desde los primeros meses, pidieron al Gobierno una serie de propuestas destinadas a aumentar el monto de las indemnizaciones que percibirían los afectados. Acabarían en saco roto. Sin embargo, el Congreso de los Diputados sí aprobó un paquete de medidas para paliar los efectos del envenenamiento masivo.
350 MUERTOS POR EL SÍNDROME TÓXICO
El goteo de almacenes clandestinos y negocios fraudulentos desmantelados por la policía con relación al aceite de colza no paró de aumentar. En poco más de un año, el Gobierno había mandado recoger más de 750.000 litros de producto presuntamente tóxico. De este modo, se llegaría al inicio del juicio en la Audiencia Nacional, el 30 de marzo de 1987, en el que estaban acusados 38 empresarios del colectivo aceitero. El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, pidió penas más de 10.000 años de prisión para los ocho principales acusados. El proceso judicial se prolongó año y medio. Una larga espera para las 18.000 personas inscritas en el censo oficial de afectados.
El 20 de mayo de 1989 se conoció la sentencia. Durante el proceso judicial, la defensa de los acusados argumentó que el origen de la intoxicación no provenía de la manipulación del aceite sino de una serie de partidas de tomates rociados con pesticidas provenientes de Almería. Esta teoría se rechazó por parte de varios especialistas médicos. Una de las personalidades más relevantes en este sentido fue el epidemiólogo británico Richard Doll, que acudió al juicio para sostener —en base a un informe elaborado por él mismo enviado al tribunal— que el aceite de colza adulterado fue el causante del síndrome tóxico.
Sin embargo, sólo dos de los acusados —Juan Miguel Bengoechea y Ramón Ferreiro— fueron condenados con penas privativas de libertad. Los restantes, con penas menores, ya habían cumplido la condena durante el período de prisión preventiva o fueron absueltos.
Tras conocerse el fallo, dos centenares de personas apedrearon el autobús donde viajaban los acusados rompiendo varias de sus lunas. Palabras como “fraude” y “asesinos” se escucharon en esos momentos. “Para esto no hemos estado enfermos durante ocho años y hemos esperado once meses —la sentencia tardó un año más en redactarse después de acabarse el juicio—”, afirmaban algunos de los afectados. El estupor también llegó hasta el fiscal Fungairiño, al asegurar que “la sentencia rebajaba en gran medida las penas que él había solicitado“.
Tres años más tarde, el Tribunal Supremo amplió las condenas, elevando las penas de varios de los aceiteros. Sin embargo, estos se declararon insolventes debido a lo cuantioso de las indemnizaciones. Ante esta tesitura, los abogados de los afectados exigieron responsabilidades al Estado por supuestas negligencias de sus funcionarios. De esta forma, y tras 16 años de espera, se condenó a dos funcionarios y a la Administración, como responsable civil subsidiario, a restituir el total de las indemnizaciones. El pago se demoró, en algún caso, más de dos décadas.
UN ENVENENAMIENTO MASIVO CAUSADO POR LA CODICIA
La última partida del aceite tóxico recaló en Francia para su destrucción en 1998. 440.000 litros estuvieron almacenados durante 13 años en una nave industrial a las afueras de Arganda del Rey (Madrid). Según fuentes oficiales de la Comunidad, “fue muy difícil encontrar algún gestor de residuos español, ya que el aceite de colza trae recuerdos muy tristes”. El tiempo tampoco disipó unas secuelas que muchos de los afectados aún arrastran en su vida diaria.