La UE ha sido el motor de la liberalización energética nacional. En un territorio sujeto a las importaciones, España puede adquirir un papel protagonista por su localización.
Cuando el 20 de febrero del pasado año se inauguró la primera línea de la interconexión eléctrica entre Francia y España dentro del proyecto Midcat, una luz se proyectó sobre la vieja aspiración española de tratar de paliar el aislamiento energético del país. La infraestructura avanzaba en dos de los grandes objetivos de la Unión Europea (UE) en la materia: la seguridad del suministro y el abaratamiento de la energía. Una tercera variable, el desarrollo sostenible y la descarbonización del mix energético, entra también en escena gracias a que la interconexión permite que la energía generada de fuentes renovables circule por la red en lugar de desaprovecharse.
El trazado de esa primera línea de la infraestructura que une Francia y España se extiende a lo largo de 64,5 kilómetros enlazando los municipios de Santa Llogaia, cerca de Figueres, con Baixas, próximo a Perpiñán. El fin de las obras ha permitido duplicar la capacidad de intercambio con Francia de 1.400 a 2.800 megavatios (pasando la interconexión del 3% al 6%). Pero, aunque este Proyecto de Interés Europeo lo acerca, España sigue estando entre los países menos conectados con sus vecinos: aún está lejos del objetivo del 10% establecido por la UE para 2020, el mismo año para el que está programado el fin de las obras del Midcat.
El hito de la interconexión, perseguido durante 30 años por Gobiernos socialistas y populares, los mismos que han pasado desde que España entró en el club europeo en 1986, es un claro ejemplo de cómo Europa ha contribuido a la modernización energética española, también financieramente: de los 700 millones de euros presupuestados, 225 han procedido de una subvención de la UE y otros 350 millones los ha aportado el Banco Europeo de Inversiones.
Cuando España entró a formar parte de la UE, el mix energético se basaba en el carbón y la energía nuclear. El primero ha perdido en el camino miles de puestos de trabajo debido al fin de las ayudas europeas, y sobre la energía nuclear aún existe un debate tanto en España como en Europa sobre su papel en el futuro. El uso del gas natural y las energías renovables, por aquel entonces inexistentes, marcan el porvenir energético español.
José Sierra, alto directivo en Bruselas de la Dirección General de la Energía entre 1986 y 2000, y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) durante más de una década, cree que la entrada de España en los organismos comunitarios contribuyó a mejorar la competitividad: “El planteamiento europeo fue de una gran valentía y ayudó a romper los monopolios. Producir electricidad o vender gas pasó a ser una actividad libre y las redes se pusieron en manos independientes a las que todo el mundo tiene acceso”, recuerda.
La baza para paliar el aislamiento
del resto del continente es la conexión
eléctrica con Francia
Entre las entidades estatales que pasaron a manos privadas están Endesa y Repsol, que iniciaron su privatización poco después de que España entrara en la Comunidad Económica Europea. La apertura permitió a grandes competidores privados, como Iberdrola, alcanzar pronto el tamaño adecuado para competir en el mercado. Hoy la empresa vasca cuenta con clientes en Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido, donde es uno de los principales operadores a través de Scottish Power.
La liberalización de la energía ha sido una de las prioridades europeas y ha configurado el actual marco energético nacional. “Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías”, señalaba la directiva aprobada en junio de 2003. La necesidad de adaptarse a esa legislación, en la que se recoge que “para que la competencia funcione correctamente se requiere un acceso a la red no discriminatorio, transparente y a precios razonables”, lleva a que en España se produzca una separación progresiva de la propiedad del transportista principal de la energía y del gestor técnico del sistema. “Ha sido una diferencia formidable pasar de un sistema planificado a uno de competencia”, asegura Sierra.
La política energética española ha sido cambiante, un recorrido que Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona, percibe así: “los Gobiernos de la UCD apostaron por un fuerte desarrollo de la energía nuclear hasta que Felipe González estableció una moratoria y favoreció el uso del carbón, pero cuando el carbón se quedó sin ayudas europeas viró al gas natural y empezó con las renovables. Con la llegada al poder del PP se sigue apostando por el gas natural y las renovables, y con el PSOE se fomenta el uso de las renovables, algo que se ha mantenido más allá de los ajustes de 2013”.
Separados del resto. Pese a los progresos, en 2014, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y la canciller alemana, Angela Merkel, coincidían en que España y Portugal aún están aisladas del resto de Europa, una situación que desde entonces ha mejorado gracias a la interconexión con Francia. El gobierno galo, junto al español y el portugués, celebraron el pasado año la Cumbre de Madrid, en la que subrayaron la crucial importancia de lograr un mercado interior de la energía plenamente operativo e interconectado. Para ello ya hay en marcha otro proyecto financiado en parte por la UE para duplicar de nuevo la interconexión con Francia mediante una línea submarina a través del Golfo de Vizcaya, al que se unirán dos líneas por los Pirineos.
La UE es el mayor importador de energía del mundo al traer de fuera la mitad de la energía que consume con un coste anual de unos 400.000 millones de euros. Además, la gran mayoría del gas proviene de solo de tres países: Rusia, Noruega y Argelia, lo que en un momento de crisis diplomática con Rusia por el conflicto ucranio deja a Europa en una situación de vulnerabilidad que requiere seguir diversificando. España puede tener un papel protagonista por su situación geoestratégica como punto de conexión con el norte de África y la cuenca Atlántica, y por las plantas de almacenamiento y regasificación con las que cuenta.
Por Álvaro Sánchez
Los objetivos a largo plazo
El proyecto europeo tiene en 2020 el horizonte temporal de varios de sus objetivos en materia de energía. La Unión Europea pretende que ese año las emisiones de gases de efecto invernadero se hayan reducido un 20% respecto a 1990, que ese mismo porcentaje de la energía llegue de fuentes renovables y aumentar, también un 20%, la eficiencia energética. Con una cuota del 15,8% procedente de renovables, el informe sobre el Estado de la Unión de la Energía señala que “España está en el camino para lograr el objetivo, pero debe continuar esforzándose (…) renovando las instalaciones antiguas e instalando nueva potencia”.
La UE prevé invertir 1.096 millones de euros de los fondos de cohesión en mejorar la eficiencia energética de edificios públicos, residenciales y de empresas en España entre 2014 y 2020, y más de 2.400 millones en la transición hacia medios de transporte libres de carbono.