La atención de pago ha contribuido durante décadas al ahorro y a la descarga de presión sobre el sistema público sanitario
Durante décadas, la brecha entre la sanidad pública y la privada ha helado el corazón a una de las dos Españas. Había que escoger un bando u otro. Pese a que la fractura aún pervive, la convivencia de ambos modelos ha aliviado la tensión y los números. El gasto en salud privada representa el 3,2% de la riqueza del país y sus galenos cuidan del 28,5% de la asistencia sanitaria. Esos porcentajes son la certeza de que “la calidad en los servicios y la especialización han sido sus señas de identidad”, resume Pablo Sánchez, managing director de Accenture. Pero tras un pedregoso campo de soledades.
Porque la salud en España partía desde la fragilidad. Entre 1976 y 1986, el gasto público sanitario casi se cuadruplicó. Un esfuerzo obligado. Las estadísticas de la época muestran un país con unos niveles por debajo de la media europea. En esos años de transición democrática hacía falta –recuerda la historiadora económica Jerònia Pons– universalizar la sanidad. También normalizar el salario de los médicos, modernizar las infraestructuras e introducir la tecnología. “Los países avanzados de Europa nos llevaban décadas de adelanto”, observa la docente.
En una tierra en la que queda mucho por hacer, el modelo lo fija la Ley General de Sanidad de 1986. Son tiempos del PSOE. En esta normativa, que apuesta por la atención universal financiada con impuestos, busca su encaje la sanidad privada. Resultaba necesaria la ayuda de ese espacio pues habitan carencias profundas. España soporta en 1993 uno de los ratios más bajos de Europa de camas hospitalarias. Cerca de 4,3 por cada 1.000 habitantes. Muy lejos de Alemania (10,1) y Francia (9,4). El país dispone de 168.000 camas y unas 30.000 son de pago. Una inercia que viene de antes. “En 1989”, indica Pons, “de los seis millones de personas cubiertas por compañías privadas, dos millones son funcionarios que optan por el sector privado en vez de la Seguridad Social y el resto tienen doble cobertura (pública y privada)”.
A través de este espacio cambiante, la sanidad privada fragua su presencia. El informe Abril (1991) franquea el camino al copago y al aumento de la empresa en la provisión sanitaria. Al fondo, las aseguradoras crean y compran clínicas para atender a sus clientes y un año más tarde el hospital Costa del Sol ensaya estrategias privadas en un centro público. Es un movimiento difícil. El déficit sanitario suma 700.000 millones de pesetas y las listas de espera ponen a prueba la salud y la paciencia de los españoles. Muchos buscan soluciones en la otra medicina. “La sanidad privada sitúa el foco en mantener la salud, no solo en curar”, dice Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas.
Cambio de paradigma
Ese cambio de paradigma persigue reducir la presión sobre el sistema nacional de salud. Algo que se intentó con la gestión de hospitales a través de fundaciones públicas. Es lo que hizo el Insalud con los centros de Manacor (Mallorca) en 1997 y Alcorcón (Madrid) en 1998. Aunque la gran ambición privada fue el modelo Alzira (1999). El empeño del Partido Popular. Una fórmula con la que la Administración autoriza a una empresa privada a construir y gestionar un hospital a cambio de pagos anuales. La búsqueda de la respuesta a un problema del pasado que aún pervive en el presente. “Cada vez el sistema de salud tendrá mayores tensiones”, vaticina Carlos Pérez, socio responsable de Sanidad de KPMG. “La economía no puede crecer a ritmos muy superiores a los actuales y, sin embargo, el envejecimiento y la necesidad de tratamientos más costosos durante más tiempo exigirán mayores recursos”. Ese modelo privatizador se extendió a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises. Aunque sus resultados han sido muchas veces números rojos en el balance.
Se diría que la sanidad privada ha vivido en estos años con la incertidumbre de quien camina por un puente ya hundido. Aun así ha sido capaz de crecer. En 1999 (el primer año de Alzira) había 299 hospitales privados. Seis años después son 313. Pero es un discurrir difícil y minado de críticas. En el pasado y en el presente. “La mayoría de los hospitales privados viven de recursos públicos”, critica Fernando Puig-Samper, miembro de la Secretaría Confederal de Protección Social de CC OO, que advierte: “Pese a que no han aumentado con fuerza el número de conciertos, sí existe un traspaso de trabajadores jóvenes de los centros públicos a los privados”.
Esa corriente se refleja en los grandes números. El gasto sanitario privado ha pasado del 2,05% del PIB en 2000 al 2,63% en 2012. Un paisaje propicio para “la entrada masiva de capital riesgo en clínicas y hospitales. Lo cual, además, ha impulsado la concentración del sector”, indica Íñigo Goenaga, responsable de Operaciones de la Clínica Universidad de Navarra. Nuevas propuestas de una industria que cambia. “Es más profesional en la gestión”, dice Marcos Guerra, director del área de salud de Deloitte, “ha acortado la distancia entre médico y enfermo. “Se beneficia de la bolsa de pacientes que aportan las mutualidades [Muface, Isfas, Mugeju] del Estado”, relata Carlos Zarco, profesor de la Escuela de Organización Industrial. Virtudes con las que se adentra en el siglo del big data, el turismo sanitario y la transformación de enfermedades antes mortales en crónicas. Retos de una España que nunca tuvo un corazón tan blanco.
Por Miguel Ángel García Vega
El ahorro de siete millones de personas
Elegir entre sanidad pública o privada es como escoger entre Messi y Ronaldo. Existen razones objetivas y también del sentimiento. Sobre todo en un país que tiene uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Sin embargo, en este viejo reino hay 7,4 millones de asegurados particulares que ahorran tiempo, recursos y espacio a la sanidad pública. Al ser un modelo con aseguramiento doble, recuerda Iratxe Galdeano, socia de banca y seguros de Analistas Financieros Internacionales, los ciudadanos que contratan una póliza privada no consumen o utilizan menos recursos públicos. De hecho, la Fundación Idis (organismo financiado por grandes aseguradoras y operadores sanitarios) sostiene que este seguro particular ahorra al sistema nacional de salud hasta 1.091 euros por persona y año. Un gol al déficit.