La eficiencia, una prioridad retrasada

España sigue aplicando de manera tardía las medidas impulsadas por Bruselas y encauzadas a la reducción de los consumos energéticos.

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Vista nocturna de la Gran Vía de Madrid. / Raul Hudson

Cuando se habla de energía, el oxímoron está servido: gastar es ahorrar. La inversión inicial que requiere la implantación de sistemas de iluminación inteligentes o el aislamiento térmico de los edificios no solo abarata costes en el largo plazo, sino reduce el impacto medio ambiental y por ende mejora las condiciones de vida. Pese a ello, y aunque los conceptos de ahorro y eficiencia energética lleven años encima de la mesa, todavía hay mucho camino por recorrer para que se transformen en una sólida realidad. “Ahora que Europa las ha convertido una prioridad empiezan a ser un punto importante también en la política energética española”, comenta Antonio López-Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).

En España, que importa más del 70% de la energía que consume, la preocupación por reducir sus consumos no surgió de la nada: fue el embargo impuesto por los países productores de petróleo en 1973 el primer traspié que dejó manifiesta la necesidad de implantar medidas de ahorro. “La crisis causó racionamientos y fue así como se tomó conciencia”, rememora Jordi Bolea, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra. Al año siguiente nacía el Centro de Estudios de la Energía, rebautizado una década después como Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) –ahora adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo–, y dos años después, en 1975, llegaba el primer real decreto dirigido a reducir el consumo de energía en la edificación.

Desde entonces se sucedieron una serie de disposiciones, que se intensificaron con la entrada de España en la Unión Europea, encauzadas a promover el ahorro y la eficiencia energética. Su éxito, sin embargo, se vio limitado por una aplicación tardía y a veces negligente de las normativas, que hasta desencadenó la apertura de expedientes por parte de Bruselas.

Ya en 1979, cuando vio la luz la famosa norma básica sobre condiciones térmicas de los edificios, y antes que España entrara en la UE, aparecieron los primeros fallos. “Al principio todos estaban contentos con la norma, pero eso no significaba que se aplicara”, lamenta Bolea. “Muchos de los edificios construidos en los años ochenta tenían que llevar aislamiento y, con tal de ahorrar, se colocaba mal y se desmoronaba”, explica.

De los 25 millones de viviendas,
solo uno y medio se edificaron
después de la nueva norma

EXIGENCIAS BÁSICAS. Darío Pérez, director de desarrollo de negocio para España y Latinoamérica de Creara Energy Experts, confirma que los parámetros inicialmente establecidos eran muy vagos. “Fue a partir de la década de 2000 cuando se emanaron distintas directivas que dieron lugar a normas importantes”. Entre ellas, cita el Código Técnico de Edificación de 2006, que fija las exigencias básicas en eficiencia energética que deben cumplirse en los edificios públicos y privados de nueva construcción y en las intervenciones en los existentes.

El problema, dice Darío Pérez, es que la norma llegó demasiado tarde. “Fue una gran oportunidad perdida, porque entonces ya se habían construido muchos metros cuadrados sin respetar los estándares que Bruselas ya tenía fijados desde 2002”. El parque residencial en España es responsable del 17% del consumo final de energía, de acuerdo con IDAE, pero de los 25 millones de viviendas contabilizadas por el Ministerio de Fomento a cierre de 2014, solo algo menos de un millón y medio se edificaron después de la entrada en vigor del nuevo código.

Así, cuando el certificado de eficiencia energética se convirtió en obligatorio para alquilar y vender viviendas, en 2013, el boom inmobiliario ya había dejado sus frutos perversos; además, la trasposición de la normativa comunitaria se hizo fuera de plazo. “Sin considerar que esta regla no está bien fiscalizada”, sentencia Pérez. José Ignacio Briano, director del departamento de consultoría de Creara Energy Experts, coincide con esta postura: “Quizás se hizo sin las garantías necesarias, y sin entender muy bien cuáles iban a ser los beneficios”.

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Farolas eficientes del plan ‘smart city’ de Málaga.

También se traspuso con retraso –el pasado febrero– la norma que obliga a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas cada cuatro años, tal y como exige Bruselas. “Según la directiva, hace falta auditar el 85% de los consumos y afecta a todas las instalaciones; la norma interesa a unas 3.000 empresas”, explica Antonio López-Nava. El plazo máximo para llevar a cabo la primera revisión es el próximo septiembre. “La eficiencia se consigue con técnicas modernas de refrigeración, calefacción, sistemas de monitorización y control, etcétera. Y puede llegar a suponer una reducción de los consumos de entre un 30% y un 40%”, asegura el gerente de A3e.

RIESGOS. Como alternativa, es posible implantar un sistema de gestión de la energía que respete la normativa estándar internacional. “No es difícil cumplir, el punto es que las cosas se hagan bien. Las normas son muy interpretables, no se entiende muy bien qué hace falta para ser auditor y lo que se compra es un intangible muy complicado de valorar. Si el entorno jurídico y legal es inestable el mercado se va a degradar.”, remacha Pérez. “Vemos riesgos, porque se ha convertido en norma no cumplir con la norma”, sentencia el directivo de Creara Energy Experts.

“Siempre intentamos aguantar hasta el último momento para aplicar las normativas”, arguye Francisco Barrio, director del área energética del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). “Somos un país con elevada dependencia, y las bajadas del precio del petróleo desincentivan las medidas de eficiencia energética”, analiza.

El último desafío en tema de vivienda es la normativa que impone integrar los repartidores de costes en las calefacciones centralizadas, que todavía no se ha aprobado. De acuerdo con la hoja de ruta europea, la fecha límite para implantar los cambios, que afectarán a 1,7 millones de viviendas y evitarán la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2, es el próximo enero. Pero la falta de un Gobierno deja entrever que, una vez más, el cumplimiento llegará con demora. “El primer reto es que el Estado se convierta en el ejemplo para que haya un cambio de mentalidad verdadero”, zanja Jordi Bolea.


Hacia un mundo inteligente

La eficiencia energética, de la mano de la tecnología, ha ido evolucionando hacia dimensiones cada vez más complejas. “Antes se hablaba de calderas eficientes, luego de sistemas de calefacción y ahora se habla de edificios enteros; el siguiente paso es integrar las ciudades”, ejemplifica Francisco Barrio, del CIRCE. “No es solo la energía que te estás ahorrando, la clave es la sostenibilidad”. José Sanz, director del área de integración de energías renovables del CIRCE, explica que la idea de smart city consiste en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante conceptos innovadores. La tecnología se convierte en la clave para lograr un desarrollo económico sostenible, donde todo suma y nada resta. “La eficiencia energética es intrínseca al concepto smart”, explica José Ignacio Briano, de Creara Energy Experts. En este sentido, es necesario empoderar al ciudadano, hacer que su actitud proactiva se convierta en el motor del cambio. Aunque quede todavía mucho por hacer, en España existen proyectos interesantes, en primer lugar la smart city de Málaga, un plan piloto que lleva más de un lustro en marcha para lograr los objetivos exigidos por Bruselas para 2020. Darío Pérez, director de desarrollo de negocio de Creara Energy Experts, lo ve claro: “Este es el futuro y no hay vuelta atrás”.

Por Laura Delle Femmine