El general Augusto Pinochet, dictador chileno y cabeza del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue arrestado la noche del 16 de octubre de 1998 en un hospital de Londres por Scotland Yard, la policía británica, a raíz de una orden de detención internacional cursada por el juez Baltasar Garzón. Pinochet había viajado para operarse de una hernia discal. Carecía de misión diplomática. El arresto condujo a un laberinto judicial internacional con centro en el comité de apelación de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que hacía el papel de tribunal supremo.
Como yo había cubierto diversos aspectos de la investigación en la Audiencia Nacional, el director de EL PAÍS, Jesús Ceberio, me pidió que cubriera los debates en Londres. Nadie podía saber que el laberinto se extendería a lo largo de 503 días desde el arresto del general. Pero así fue. El 11 de enero de 2000, el ministro del Interior, Jack Straw, anunció, tras someter al exdictador a exámenes médicos, que tomaba la decisión de dejarle en libertad, pendiente de los recursos correspondientes.
Straw dijo que Pinochet tenía problemas de comprensión que le inhabilitaban para ser sentado en el banquillo. Sin embargo, explicó, no estaba en condiciones de dar a conocer los exámenes médicos, según los cuales el exdictador sufría demencia senil, porque la defensa insistía en la confidencialidad de los informes médicos.
Esta circunstancia llevó a las partes a pedir en el tribunal dichos documentos para fijar su posición, pero los jueces rechazaron esta petición basándose en la confidencialidad de los datos del paciente. Todo el mundo asumía que el ministro del Interior había cedido a las exigencias de la defensa del exdictador y desconfiaba, por tanto, sobre su verdadero estado de salud. Porque así lo presentaba Straw. Mientras se debatían los argumentos en el tribunal para desclasificar el informe médico, me disponía a preparar un reportaje sobre la próxima liberación del exdictador.
Para ello solicité a una abogada interviniente en el caso una entrevista. Me recibió en su despacho y hablamos del dosier, una carpeta que abrió. Al terminar, le pedí que me la dejara para hacer una reconstrucción. Se la devolvería la mañana siguiente en la High Court of Justice (Alto Tribunal de Justicia) en Strand, la calle situada en Westminster, Londres. Al abrir esa tarde la carpeta me detuve en la correspondencia intercambiada por el Ministerio del Interior con los abogados de Pinochet a lo largo de meses. Y así supe que la confidencialidad no había sido solicitada por el exdictador…, sino por el ministro Straw. ¡Bingo!
“Huelga decir que se harán todos los esfuerzos por parte de los doctores y su equipo, y del Home Office para asegurar la completa confidencialidad del informe”, decía la carta del 5 de noviembre de 1999 que proponía los exámenes. “Pinochet está dispuesto a someterse, en principio, a un examen médico. Le estoy agradecido por su indicación de que el Home Office hará todos los esfuerzos para asegurar la confidencialidad de cada informe…”, respondía la defensa el 11 de noviembre. Finalmente, Straw pidió a la defensa que le dejara entregar el informe a los Gobiernos que tomaban parte en el procedimiento de extradición, cosa a la que por último se accedió.
“Straw ofreció a Pinochet mantener en secreto el informe médico”, titulamos en portada el 30 de enero de 2000. Jeremy Corbyn, el actual líder laborista, encabezó a un grupo de veinte parlamentarios que presentaron una moción en la Cámara de los Comunes citando la información de EL PAÍS, tras mantener una reunión en la que expliqué el contenido de la correspondencia. La información estaba a disposición de todos aquellos que intervenían en el caso. Nadie había reparado en que Straw había tenido la iniciativa de ofrecer la confidencialidad.
He aquí la moción: “Esta Cámara deja constancia de que el 30 de enero, el prestigioso periódico español
EL PAÍS publicó el texto de las cartas intercambiadas entre el Home Office y la defensa de Augusto
Pinochet desde noviembre de 1999 en adelante, y que estas cartas confirman que, pese a no estar bajo obligación legal alguna para hacer esa oferta, el Home Office propuso por su propia iniciativa, antes de recibir esa petición de la defensa, que los detalles del informe médico de Augusto Pinochet fueran
mantenidos en secreto”.
El informe médico fue enviado, por orden judicial, al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Apenas llegó a la Oficina de Información Diplomática fue filtrado la noche del 15 de febrero de 2000, ipso facto, a varios medios de comunicación. No a EL PAÍS, castigado por sus informaciones sobre las maniobras del Gobierno de José María Aznar en el caso.